Bon día a tots; buenos días a todos, gracias por vuestro apoyo, por vuestro sfuerzo, gracias por haber venido a esta concentración.

Amigos y amigas: estamos aquí, además de los presentes, apoyados por más de 33.000 firmas de adhesión, para decir que la Ley de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia –así prefiere  movimiento asociativo de la discapacidad enfocar esta norma desde la perspectiva de la autonomía personal, más que desde la de la dependencia- ha ido una norma muy esperada, sobre la que ha existido y existe una enorme xpectación.

Lo que tenía que ser un elemento de esperanza y de cooperación leal entre administraciones –estatal, autonómica y local- y sociedad civil, es un factor de conflicto y enfrentamiento.

Nuestros gobernantes, de todo ámbito y signo político, no están a la altura de lo que les demanda la sociedad y tienen que corregir el rumbo. El despliegue de la Ley corre el peligro de resultar un fracaso, y los ciudadanos, en este caso, los ciudadanos con discapacidad, y sus organizaciones representativas, no podemos permitirlo.

Nos hemos movilizado para que la Ley se despliegue y se aplique efectivamente y para que sus beneficios lleguen, de verdad, a la gente. Hay todavía mucha desinformación de lo que este nuevo derecho supone en las posibles personas beneficiarias y en sus familias, y los procesos están siendo complejos, farragosos y lentos. Pocas personas y familias saben ya qué van a recibir, qué tienen que aportar, etc.

Los efectos prácticos de la Ley son todavía escasos. Hay que acelerar el proceso de valoración y el subsiguiente de asignación de prestaciones. Hay que escuchar a las personas beneficiarias y a sus familias, pues no se puede desarrollar un nuevo sistema de protección social de espaldas a la gente o sin consultarla.

La Comunidad Autónoma ha de asumir su responsabilidad y realizar un esfuerzo ingente para traducir en hechos la Ley. No caben más demoras. El Estado central ha de colaborar en este proceso regulando todas las materias que están pendientes y asegurando la sostenibilidad financiera del Sistema. Las personas y las familias han de ver con urgencia que la Ley –en la que hay depositadas tantas esperanzas- es una realidad en su vida práctica.

Por eso pedimos:

• El respeto a los plazos establecidos y al silencio administrativo positivo, como garantes de una real puesta en marcha del sistema.
• Una verdadera gestión pública de los órganos de valoración, mejorando los procesos actuales y la calidad de las resoluciones.
• Una coordinación integral con las administraciones locales y autonómicas, tanto en los procesos de valoración como de gestión de las prestaciones.
• Una participación real de los beneficiarios en la determinación de los planes individuales.
• La simplificación de los trámites burocráticos y la no exigencia de documentación que obre en poder de las administraciones.
• Una correcta y puntual información a los ciudadanos y a las organizaciones sociales del sector.
• Unos desarrollos reglamentarios coherentes con la ley, en aras al equilibrio interterritorial que garantice las mismas prestaciones en distintas comunidades.
• La exención en la participación en el coste (copago) para todos aquellos beneficiarios que tengan ingresos personales anuales inferiores a 2’5 veces el IPREM.
• La compatibilidad de las prestaciones y el respeto al carácter retroactivo de las mismas, considerando la fecha de solicitud y no la de resolución.
• La consideración de la renta personal como base del cálculo de las prestaciones.
• La creación de una comisión conjunta de seguimiento con las entidades sociales representativas del sector.
• La eficiente gestión de los recursos económicos disponibles.

Amigos y amigas: vemos como hay 150.000 millones de euros para la banca, pero no para la Ley de Autonomía Personal. Más de 80 millones de euros para un circuito de fórmula 1 construido en 3 meses, pero no para la Ley de Autonomía Personal y Dependencia.

Por eso, apelamos a la responsabilidad de las instituciones, de los responsables políticos, de los agentes sociales, de los medios de comunicación, de los tejidos asociativos y sus dirigentes, y de toda la sociedad valenciana para que la Ley se aplique de forma eficaz, coordinada y urgente.

Hay que apelar también a la ética y responsabilidad de toda la clase política: que cumplan lo que prometen; que cumplan lo que firman; que cumplan lo que legislan que es lo que les hemos encomendado desde el pueblo soberano.

Por eso, no podemos esperar más y ante el silencio o la pasividad de los políticos, la Discapacidad dice alto y claro:

Que los derechos no lo son de verdad si no se aplican.

Por la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia